Un Estado violento y homicida

La muerte de dos jóvenes, en el episodio registrado la semana pasada en el Centro Educativo Integral de Itauguá, ha dejado en evidencia una serie de aspectos que merecen ser analizados con seriedad. Y si para algo debieran servir, es para que en el futuro no se produzcan nuevamente hechos similares.-

Francisco Daniel Insfrán y Néstor Javier Duarte, eran los nombres de las dos víctimas que encontraron la muerte en el “Centro Educativo”. Ambos tenían la misma edad que Arlan Flick, el joven que – hace casi un mes – permanece privado de su libertad en poder de una banda armada que se arropa bajo consignas pseudopolíticas.-

Nuestra atención por el desarrollo de los acontecimientos que se presentan en el caso de Arlan, y nuestro deseo de una pronta liberación, no pueden, sin embargo impedirnos detenernos en la brutalidad del Estado en el tratamiento de sus ciudadanos, y menos aún de los menores infractores de la ley penal.-

La denominación de “Centro Educativo”, a un Instituto destinado a la reclusión de menores privados de libertad, bajo estrictas medidas de seguridad, mediante la utilización de armas de fuego, no es otra cosa que un eufemismo, y revela con toda crudeza la incapacidad de sus responsables para el tratamiento adecuado de los conflictos individuales y sociales.-

La primera respuesta (y única en la mayoría de los casos) de los distintos órganos de seguridad del Estado, incluyendo a los “Celadores” que custodian prisiones, a los desórdenes de conductas y los hechos de violencia, es la aplicación de una violencia igual o superior, que – en casos como el analizado – tienen como saldo la muerte.-

Es ilógico e irracional que no se busquen y empleen otros medios para sofocar levantamientos o motines al interior de los reclusorios, sobre todo, cuando el problema se suscita al interior de centros de detención de menores.-

La muerte de Insfrán y Duarte, no debe ser motivo para enjuiciar al guardia y al Director de la Institución, solamente, es el modelo, el sistema, el criterio aplicado por las autoridades el que merece ser enjuiciado.-

Las armas, los proyectiles, el entrenamiento y las instrucciones, han sido adquiridos y proveídos por un Estado que no concibe otra respuesta que la “fuerza letal” para este tipo de situaciones. Los elementos que le permitan brindar una respuesta “no letal”, tales como inmovilizadores, gas pimienta, pistolas de dardos con descarga eléctrica o Taser, no están dentro de la lista de equipos provistos por el Estado para estos casos.-

El Estado Paraguayo se conduce como si todos los ciudadanos fuéramos sospechosos y como si todos reclusos fueran culpables, y tanto en las calles como en las cárceles, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, podemos encontrar la muerte.-

La muerte, en definitiva, de manos de un delincuente o del Estado, es la misma cosa, y nunca estará justificada, si existen formas de evitarla.-

La responsabilidad del Estado no es únicamente la protección de los integrantes de la sociedad en libertad frente a los delincuentes, se encuentren estos libres o recluidos. También es de su responsabilidad la protección y seguridad de los reclusos puestos bajo su custodia.-

El debate jurídico, la discusión procesal o las consideraciones penales que pudieran desarrollarse respecto al episodio que costó la vida a Insfrán y Duarte no son el objetivo de este análisis. No es de nuestro interés ensayar tesis alguna respecto a culpabilidades individuales, ni concluir si los guardiacárceles actuaron bajo causas de justificación penal, y si procedieron o no al amparo de la legítima defensa o incurrieron en exceso.-

Por el contrario, es dejar en claro, que el Estado Paraguayo no es igual al EPP, no debiera serlo, no debe actuar del mismo modo que una banda criminal, y por lo tanto no puede seguir conduciéndose como un Estado violento y homicida.-

jorge ruben vasconsellos